PLANA MAYOR
Gaudencio García Rivera
El reparto de culpas, el análisis autocritico de las fallas y errores y no haber frenado al principio de la contienda la sistemática violación al proceso electoral en su conjunto del talibán de Palacio Nacional, quedará como un reclamo airado de la sociedad civil a los partidos políticos de oposición.
La elección del 2 de junio fue un fraude mayúsculo maquinado desde las estructuras del INE, donde el Robespierre de Macuspana con toda anticipación movió sus piezas estratégicamente hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las dirigencias de los partidos políticos de oposición tuvieron el tiempo, espacio y la coyuntura para frenar la injerencia ilegal recurrente de AMLO en el proceso electoral, pero lo hicieron sin la fuerza y el respaldo que les otorga la Carta Magna.
El mitómano y talibán de Palacio Nacional socavó la contienda electoral antes, durante y después del proceso electoral, como en los mejores tiempos del partido hegemónico (PRI) cuando la oposición era una caricatura.
El árbitro electoral entonces era conducido por la poderosa Secretaría de Gobernación, quien decidía el destino de cada partido político y quienes eran afines con el partido gobiernista para que lo acompañaran a la diestra en el Congreso.
La coalición opositora tuvo el poder para exigirle al Tribunal Electoral la enérgica penalización máxima, interpretando la Carta Magna, al presidente AMLO con la suspensión de las conferencias de las “mañaneras” por el abuso propagandístico y el uso desmesurado de recursos públicos del Estado hacia el partido en el poder, Morena.
Pero por razones que tendrán que explicar a la sociedad civil, a los ciudadanos de a pie, la coalición opositora no asumió una posición radical con retirarse de la contienda electoral en su conjunto hasta en tanto el talibán no dejará de ensuciar, de convertir en un cochinero la elección electoral, para garantizar un proceso con certeza y certidumbre.
Pero la historia ya la conocemos. La oposición dejó que la perversidad del aún tlatoani actuara con toda la impunidad del ‘rey’ del ajedrez y se indigestara como en los mejores tiempos del viejo PRI, antes de la histórica reforma política electoral de Jesús Reyes Heroles de 1977, a la sazón de secretario de Gobernación.
Veracruz: persecución y odio
Con la asunción de la exsecretaria de Energía a la gubernatura de Veracruz, quien contó con toda la maquinaria y recursos públicos del Estado que representa el catequista de Macuspana, AMLO, los vientos son desfavorables para la sociedad civil, críticos y partidos de oposición.
La señora Rocío Nahle ha anunciado -martes 11 de junio- que no descasará hasta que sus adversarios y críticos vayan a la cárcel por haberla atacado con la exhibición de la opulencia y su riqueza inexplicable de su fortuna.
Las denuncias públicas de la coalición opositora y de Arturo Castagné Couturier contra la gobernadora electa y viceversa, se están desahogando en la fiscalía especializada de la FGR. En teoría, se espera un dictamen imparcial en favor o en contra de los protagonistas de hechos de corrupción.
Pero independiente de la resolución de la FGR, la gobernadora electa ha lanzado la espada de Damocles contra quienes se atrevieron criticarla antes y durante el proceso electoral por su presunta falta de honestidad y su oriundez del estado de Zacatecas.
Esto significa que opositores, investigadores, artistas, intelectuales, pintores, periodistas críticos y medios de comunicación, a partir del primero de diciembre de 2024 tendrán que limitar sus críticas o difundir reportajes que vayan en contra de la imagen de la gobernadora, porque serán perseguidos y encarcelados.
La Libertad de Expresión con Rocío Nahle será sepultada, plasmada en la Carta Magna, para levantar la nueva Libertad de Adulación con todo el respaldo de la presidenta Sheinbaum. Será el régimen de la persecución, odio y soberbia. ¡El caminar sexenal será sombrío, además de la impunidad que se le seguirá brindando al crimen organizado con ‘los balazos no abrazos!
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